Resistencias al Neoliberalismo: México y Nicaragua

Las resistencias al neoliberalismo se dieron en toda América de manera diferente y es menester estudiar cada caso en particular. Por eso en este artículo observamos los casos de Nicaragua con las ONG y en México con la movilización popular de masas.

En el caso de Nicaragua, Terán y Quezada explican a los movimientos sociales como emergentes de la crisis de los partidos políticos y de la crisis de los movimientos sociales de viejo tipo corporativo (campesinado y sindicalismo) creando un panorama de fuerte unión de los actores excluidos en la especificidad (que es lo que termina dando su diferenciación de los demás actores).

A partir de los ’90 los movimientos sociales “viejos”, es decir, campesinos y sindicatos, cambiaron su lógica anterior. Según Terán y Quezada, “ambos movimientos sociales, si bien políticamente distintos, terminaron por recombinarse entre sí, a comienzos de la década en movimientos sociales conocidos como ‘recontras’ y ‘recompas’ que no exigían más que tierras, seguridades tenenciales, crédito y asistencia técnica junto a reivindicaciones menores propiamente políticas”[1]. Se generó un movimiento conocido como “Concertación”, que terminaron por legalizar la participación de los trabajadores en algunas antiguas empresas agropecuarias estatales con cuotas accionarias que nunca fueron más allá del 25% del total. A su vez, el desmantelamiento de la cooperativizacion precipito una dinámica y especulativa mercantilización del fondo de tierras, produciendo una redistribución de la tenencia en el mapa agrario nicaragüense. El primer quinquenio de los noventa fue dominado ampliamente por un reacomodo de fuerzas entre un gobierno de nuevo signo y unos movimientos sociales a la defensiva que terminaron por ser vencidos en una contrarreforma agraria y una política de ajuste estructural que debilito el poder de los sindicatos y asociaciones gremiales.[2]

Otra de las tipologías que desarrollaron Terán y Quezada para agrupar a los actores sociales de los movimientos de resistencia al neoliberalismo fueron los denominados “nuevos”. Encontramos entonces a los movimientos pacifistas, derivados de la guerra civil nicaragüense y que bregaron por el desarme de la “contra”, a los ecologistas que se oponen a las consecuencias de la industrialización y el cuidado del medioambiente. Se suman los movimientos de Derechos Humanos, de las minorías sexuales, culturales, de género, por la vida, el trabajo y la vivienda.

Por otro lado, se identifican los movimientos étnicos que reivindican la obtención de autonomías que no fueron aplicadas tras la sanción de la Ley de Autonomías de 1986 que nunca llego a reglamentarse en su totalidad. Los autores mencionados refieren que “el movimiento social costeño se desgarra entre una integración pura y dura, como la que recomiendan muchos partidos del pacífico nicaragüense en sus programas y una separación territorial de toda la Costa Atlántica, fundando una nueva nación, como la que sugieren implícitamente algunas organizaciones miskitas y el Concejo de Ancianos. Entre ambos extremos, se mueve una gama flexible de ofertas, venidas en especial de la mayor parte de las organizaciones étnicas de la Costa Atlántica, con formulas que se fundan en el Estatuto de Autonomía y, en particular, en su reglamentación (aun pendiente) para establecer una relación justa y equitativa con el Gobierno Central, en lo relacionado con la explotación de los recursos naturales, limitación de territorios y regulación de las funciones político administrativas de los Concejos Regionales Autónomos”[3].

Otro de los movimientos sociales de peso de los ochentas que termino desintegrándose fue el de los jóvenes. En la década sandinista, la juventud fueron los principales actores de la alfabetización, la salud y las milicias; mientras que en los noventa la perdida de interés general y la desarticulación de las redes de solidaridad apoyadas por el Estado conformo “diversidad de “tribus urbanas” altamente violentas de donde obtienen su identidad frente a una sociedad que la imaginan cruel y excluyente, constituyéndose imaginarios recíprocos”[4]

El actor verdaderamente novedoso en la sociedad nicaragüense fueron las ONG. Surgen como una forma medianamente institucionalizada de canalizar las inquietudes de diferentes actores sociales para brindar servicios básicos que el reformado Estado neoliberal ha dejado de brindar. Terán y Quezada observan que “las ONG son instituciones en buena parte constituida por lideres y ex funcionarios de la administración sandinista, que empezaron, a su vez, a subdividirse por sus estrategias de sobrevivencia, terminando de convertirse, unas en verdaderas empresas y, otras, en instituciones precarias tratando de salvaguardar sus misiones en medio de presiones venidas de los Gobiernos y de organismos donantes”[5]. Es interesante observar como obtienen su financiación, esencialmente de organismos internacionales lo cual distancian su accionar de los organismos públicos estatales nacionales.

Por último, se observan las Asociaciones de Suscripción Popular que son el único movimiento social que podían taxativamente proponerse objetivos electorales para cargos políticos y administrativos dentro de las estructuras gubernamentales de poder[6]. Su función fue la de ser intermediario entre las poblaciones y el Estado en el sentido de canalizar sus reclamos y hacerlos llegar a los funcionarios gubernamentales.

Se observa entonces en Nicaragua que los movimientos sociales fueron cuidadosamente canalizados por medio de instituciones de contención evitando fuertes choques con el Gobierno Central. Sin embargo se observa que la diversidad y la cantidad de adherentes, junto al caso claro de las Asociaciones de Suscripción Popular, nos habla de la fractura de los partidos políticos con el cuerpo social.

En México, la resistencias al neoliberalismo fueron singularmente diferentes, menos institucionalizadas y muchos más violentas en su intervención contra el Estado. El movimiento campesino-indígena, los sindicatos independientes y movimientos cívicos contra el fraude son los principales actores en el enfrentamiento contra el gobierno.

El caso más importante quizás sea el del EZLN cuando en enero de 1994 se opone la firma del tratado de libre comercio con EE.UU. alzándose contra el Estado con un plan verdaderamente revolucionario que planteaba la toma del poder por la vía armada. La represión inmediata del gobierno, hizo retroceder considerablemente las expectativas de los insurgentes. El movimiento indígena, nos dice Guillermo Almeyra, detrás de los zapatistas bregaba por “la igualdad de derechos entre los pueblos originarios y el resto de la sociedad mestiza y el cese de la discriminación secular contra aquellos y su reconocimiento en pie de igualdad en una constitución nacional que debería ser reformada con tal fin. Se trata de un movimiento hacia la integración en la sociedad mexicana, no un movimiento revolucionario y anti sistémico, aunque una parte de los indígenas, en la región de las Cañadas de Chiapas se haya alzado en armas y haya construido una serie de municipios libres, y otra parte de ellos, en Oaxaca o en Guerrero, haya dado vida a experiencias autonómicas”[7].

Otro de los actores sociales más importantes fueron los sindicatos docentes de la zona de Oaxaca que se alzaron contra el gobernador y dieron origen a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) como organismo ampliamente democrático y dedicado a la autogestión de las instituciones más importantes de la sociedad (salud, seguridad, educación). En Guerrero, se destaca la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, que cubre regiones de habla nahua, amuzga, mixe y pobladas por afromexicanos. Nos dice Almeyra, que “esta universidad, aun no reconocida por el estado de Guerrero pero sumamente activa y con programas independientes, ayuda a las comunidades a recuperar su historia, cultura, lengua y dignidad, y lo hace financiada por las comunidades mismas que alijan y alimentan a los alumnos en las casas de los pobladores”[8].

Las experiencias de Oaxaca, Guerrero y Chiapas representan la emergencia de los indígenas que desean integrarse en el estado mexicano como ciudadanos plenos y no libran una lucha antiinstitucional sino una por la reforma de las leyes y la Constitución.

Un actor social que apareció siempre como una masa pasiva bajo los gobiernos del PRI, el de las clases medias urbanas, se levanta fuertemente contra el fraude en las elecciones que coronaron a Felipe Calderón. Un gran movimiento de masas se embandera detrás del frustrado “gobierno legitimo” de López Obrador con enormes manifestaciones en el Zócalo de la ciudad de México, se organizó una Convención Nacional Democrática y brigadas con miles de integrantes para movilizar a la sociedad contra la privatización por parte del gobierno nacional de la empresa petrolera estatal PEMEX. Sin embargo, el problema principal que enfrenta el movimiento social civil es la falta de independencia frente al mismo, de organización autónoma y de objetivos claros, ya que la dirección autoritaria y verticalista de López Obrador, que tiene su justificación en la falta de un partido que lo respalde y en las tradiciones políticas verticalistas y las exigencias de sus bases, que buscan un líder, convoca y desmoviliza según la visión y las conveniencias momentáneas del mismo.[9]

Los sindicatos durante los noventa fueron perdiendo su peso tradicional. La mayoría de los trabajadores asalariados no están sindicalizados y la mayor parte de quienes lo están son miembros de sus respectivos sindicatos, entre los cuales los principales son independientes de la CTM y el CT, pero no hay una central obrera unificada que los agrupe. Las estructuras novedosas creadas en este periodo son el Frente Sindical Mexicano (dirigido por el Sindicato Mexicano de Electricistas, el más combativo y democrático) y la Unión Nacional de Trabajadores (dirigida por las burocracias de los sindicatos obreros telefónicos, de los trabajadores del Seguro Social y de la UNAM, muy poco democráticas). Es interesante observar cómo a pesar de sus diferencias, ante el ataque frontal del gobierno, confluyen en la organización del Dialogo Nacional, con un proyecto de país que supera el de los partidos y el de López Obrador. Sus reivindicaciones son por salarios, condiciones de trabajo, respeto a la Ley Federal del Trabajo y contra el desmantelamiento del Seguro Social, por la libertad de los presos políticos y sociales, el castigo a asesinos y represores, contra el fraude electoral, defensa de la estatización del petróleo y de la energía eléctrica, protección de la producción campesina y un plan de desarrollo nacional.[10]

Por último, el movimiento campesino, históricamente corporativo y dividido en varias centrales, se enfrenta al gobierno que con la libre importación de granos y alimentos de EE.UU. fuertemente subsidiados, amenaza con destruir la producción agraria nacional, cuya protección fue desmantelada desde los años noventas.

Por todo esto, observamos como la sociedad mexicana se procura sus propios medios de organización por fuera de los canales tradicionales y expandiendo la autogestión autónoma como signo característico de la mayoría de los movimientos, fundamentalmente en el sur indígena y mestizo.

Las similitudes entre el caso nicaragüense y el mexicano son que la sociedad se moviliza y procura sus propios medios para resistir al neoliberalismo a partir de la desarticulación de los sindicatos y los organismos del estado dedicados a la participación ciudadana. En ambos casos, el movimiento indígena cobra su propio peso específico diferenciándose del resto de la sociedad y exigiendo la autonomía de sus comunidades. Como diferencias, se puede decir que en Nicaragua, los movimientos sociales se encausan en ONG y en agrupaciones institucionalizadas de nuevo tipo (organizaciones de DD.HH, étnicos, de género, minorías sexuales, etc.), mientras que en México, las reivindicaciones se canalizan en grandes Asambleas, Congresos y Consensos de amplia participación, de heterogéneos actores sociales que se organizan de forma territorial (Oaxaca, Guerrero, Chiapas), sindical (Dialogo Nacional y movimiento de campesinos) o civil (frente al fraude electoral). Este trabajo, entonces, detalla los diferentes actores que participaron en el proceso neoliberal y aquellos que resistieron como movimientos sociales frente al Estado y los partidos políticos del sistema.

Pablo Javier Coronel

Citas y Bibliografia:

[1] Terán, Silvio y Quezada, Freddy (2005) “Partidos Políticos y Movimientos Sociales en la Nicaragua de hoy” en Alejandro Serrano Caldera. La democracia y sus desafíos en Nicaragua (p. 104), Managua, Fundación Friedrich Ebert.

[2] Idem. p. 105

[3] Ibídem p. 107-108

[4] Ibídem p. 108

[5] Ibídem p. 108

[6] Ibídem p. 111

[7] Almeyra, Guillermo (2008) “Los vaivenes de los movimientos sociales en México” en OSAL, año IX, número 24 (p. 88)

[8] Ídem p. 94

[9] Ibídem p.97

[10] Ibídem p. 100