Bolivia, pionera del Neoliberalismo

Sintéticamente se debe considerar que el neoliberalismo fue ideado por la escuela de economistas reunidos en Suiza, que tenía como horizonte restablecer las condiciones de acumulación de capital previas a la Segunda Guerra Mundial cuando comenzaron a erigirse en Europa y en los Estados Unidos los denominados “Estados de Bienestar” o del “New Deal”. Dichas formaciones estatales tenían como objetivo contener grandes masas de desempleados mediante la participación activa en la economía pactando con las empresas y los sindicatos, creando una triada de relaciones que serian la base del desarrollo capitalista. En América Latina y en Bolivia en particular, la situación había sido muy similar. El auge del movimiento obrero a nivel internacional obligó a las burguesías a ceder terreno ante ciertas demandas de los trabajadores en la participación en la economía. El denominado “Estado del ‘52” fue resultado de la irrupción de las masas de trabajadores, especialmente los mineros, agrupados en la Central Obrera Boliviana (COB en adelante). Se conformó entonces una estructura que contemplaba las demandas obreras y que lo reconocía como un actor corporativo de la sociedad. Es por eso que a pesar de las intervenciones militares, con mayor o menor represión, era impensado dejar de lado a las masas como parte de la gobernabilidad.

La crisis del ’73 abre en los Estados Unidos de América y en Europa el ciclo de prueba y error de estas concepciones económicas anteriormente mencionadas. Según Perry Anderson, la primera en aplicar las teorías neoliberales fue la dictadura chilena de Pinochet como tubo de ensayo para el resto del mundo, lo siguieron Europa (Inglaterra en el ’79 con Thatcher), mientras que, una vez acabado el comunismo, lo siguieron EEUU y los países de la ex-URSS.[1] Bolivia por su parte comenzará a aplicar las “recetas” neoliberales en 1985 bajo el gobierno de Víctor Paz Estenssoro y la sanción del Decreto Supremo 21.060. A continuación se reconocerá la aplicación del modelo neoliberal en Bolivia de manera esquemática, a partir de la descripción que hacen Anderson, Vilas y Torre del fenómeno desde diferentes ángulos de análisis.

El primer problema que dice atacar el neoliberalismo en los países Europeos es la inflación.[2] Bolivia utilizará este mismo fundamento para aplicar las reformas en 1985 a partir de la crisis hiperinflacionaria que dejó la coalición de centroizquierda comandada por Hernán Siles Zuazo. Esto está claramente explicitado en el DS 21.060 (instrumento legal para la aplicación de la reforma del Estado) que: “CONSIDERANDO (…) Que los factores hiperinflacionarios, combinados con una profunda recesión económica han debilitado en forma peligrosa el aparato productivo y provocado en el organismo nacional una grave crisis económica que castiga, particularmente a las grandes mayorías nacionales”[3] y más adelante recalca “que el factor de mayor incidencia en el ritmo inflacionario radica en el sostenido y creciente déficit fiscal del sector público”[4]. En este sentido, la hiperinflación y el Estado burocrático son los nuevos amedrentadores del bien común, por lo cual deben ser extirpados del cuerpo social a cualquier precio. Sin embargo, Carlos Vilas reconoce las causas materiales de estas reformas, en el poder de las cada vez más poderosas corporaciones transnacionales, el pasaje de una economía de producción por una de simple circuitos de rápida extracción de recursos con preponderancia de la economía financiera especulativa; y, por último, la definitiva victoria del capital sobre el trabajo a nivel mundial reflejada principalmente en el retroceso global del comunismo como máximo exponente del ideal de gobierno obrero, sin dejar de lado el retroceso de las estructuras sindicales todo el mundo.[5] Observa a su vez que “estamos en presencia de un nuevo tipo de acumulación de capital, que a través de la conversión de los procesos complejos en secuencias sencillas de operaciones simples conduce a una de-calificación de la fuerza de trabajo, y a una fácil rotación y sustituibilidad de la misma. Se genera así un efecto de redundancia laboral que contribuye a la exclusión social de un numero grande de trabajadores y sus familias”[6].

Ante este panorama, Vilas observa que se reforman: elementos materiales, el poder del Estado, el sentido de la intervención estatal, se redefine lo público y lo privado, y el llamado “pacto social”. A estas reformas agregaría el modelo económico expresado por la Nueva Política Económica del DS 21.060.

• En cuanto a elementos materiales, se reforma la población principalmente afectada por el cierre de las minas y la redefinición económica. Grandes bolsones de excluidos irán a asentarse en la localidad de El Alto en La Paz para vivir de changas, otros buscaran en la coca o en el petróleo nuevas formas de subsistencia. Vilas refiere en este punto a los recortes a servicios básicos que brindaba el Estado anterior, como ser salud, educación, agua, luz, gas, seguridad social, obras públicas, etc.[7] La otra redefinición material será de tipo territorial donde se genera una retirada del estado respecto de áreas amplias de su territorialidad, que progresivamente adquieren la fisonomía de espacios vacios de autoridad pública. El territorio cedido es apropiado por actores particulares (familias, empresas, grupos de interés) que ejercen el poder político y el poder económico real.[8]

• El poder del Estado se vio recortado en su autonomía respecto de las fracciones hegemónicas del capital. Por un lado, con la instrumentalización abierta del Estado en función de los intereses y líneas de expansión de las fracciones financieras y especulativas del capital que conducen los procesos de acumulación, es decir, el Estado convierte en asuntos de prioridad pública las prioridades privadas del capital financiero transnacional.[9] Por otro lado, se observa una crisis de los modos previos de mediación clase/estado con la incorporación de gran numero de empresarios al Estado y con el desplazamiento del movimiento obrero como factor social de poder en las tomas de decisiones. Se pasa así de un esquema trienal del poder a uno binario con una fuerte tendencia a la sumisión del Estado ante el capital concentrado. Es por eso que observamos como todo el arco político boliviano se apega a la misma corriente de pensamiento neoliberal. El Estado, además, pierde su soberanía respecto a las condiciones impuestas por las agencias multilaterales y los grandes inversores que limitan el accionar estatal a sus propias necesidades, se observa entonces como el DS 21.060 del 29 de agosto de 1985 “implanta una tasa de cambio de divisas uniforme, libre y flotante; se eliminaron todos los controles de precios y salarios; se elevaron sustancialmente los precios del sector público; se redujo drásticamente el gasto público; y se redujeron los salarios reales de los empleados públicos”[10] junto a la privatización de áreas del Estado y de sus empresas estratégicas como se observa a partir del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), quien con el Plan de Todos sanciono las leyes de Reforma de la Educación, de Participación Popular, de modificación del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley INRA) y de Capitalización para privatizar empresas estatales y bienes públicos (como el sistema de pensiones y la YPFB).[11] Finalmente se reforma la organización del poder, donde la llamada “descentralización” administrativa crea multiplicidad de subdependencias municipales.

• Se cambia el sentido de la Intervención Estatal a través de la desregulación asimétrica y el manejo sesgado de instrumentos de política económica, financiera y comercial (tipos de cambio, tasas de interés, políticas crediticias) el estado crea condiciones preferenciales y garantías para la rápida circulación de capital financiero. La política tributaria asume un carácter regresivo. El estado se achica en términos administrativos y presupuestarios pero también en la calidad de los servicios que brinda. Esto termina por redefinir lo público y lo privado como se observa en el proceso de privatizaciones donde mucho de lo que debe ser público, pasa a ser privado.

• “CONSIDERANDO (…) que es necesario aplicar una Nueva Política Económica que tenga la aptitud de ser realista y pragmática con el objeto de atacar las causas centrales, de la crisis en el marco de una racionalidad de medidas fiscales, monetarias, cambiarias y de ajuste administrativo del sector estatal que, además de su contenido, radicalmente antiinflacionario, siente los fundamentos para reiniciar, redefinir y encaminar el desarrollo nacional liberador, dotado de profundo contenido social que rescate los valores morales del pueblo boliviano”[12]. Así se planteaba el nuevo modelo de acumulación económica el DS 21.060 pero en su contenido solo se detalla del nuevo plan la centralidad que pasaría a tener el Banco Central de Bolivia como herramienta de control monetario y financiero. En la realidad concreta, el sector productivo se reorientó de la minería a la producción de coca para el mercado ilegal de estupefacientes y la extracción de petróleo y gas desamparando a las miles de familias que vivían del sector más pujante de la economía como era la minera.

Por todo lo expuesto, para que el sistema funcione, se debía aplastar de un solo golpe al movimiento obrero organizado. Por ello el nuevo pacto social no contemplaba a la clase obrera, generando gran resentimiento y distanciamiento cada vez mayor entre la elite política y las clases subalternas. A partir de todo este esquema desarrollado, se logro solucionar la crisis de gobernabilidad que Torre entendía como la causante principal de la aplicación del neoliberalismo.[13] El MNR como el antiguo partido de la Revolución del ’52 y creador del Estado precedente, fue el encargado de dinamitar sus bases para mantener el dominio del aparato político como una expresión puramente pragmática de conservación de privilegios.

Para entender la aplicación del plan neoliberal en Bolivia es indispensable observar que la desarticulación del movimiento obrero fue de vital importancia para los ideólogos de la reforma del Estado. Es por eso que el sector más combativo, el de los mineros agrupados en la FSTMB, a partir de la privatización y cierre de minas junto a la redefinición de la estructura productiva del país perdió gran cantidad de trabajadores (27 mil de 30 mil en las minas del Estado)[14] reduciendo significativamente el poder de fuego de la COB. La gran masa de desempleados se va a relocalizar en los sectores de la economía agrícola y petrolera o en los barrios de El Alto como cuentapropistas, saliendo de las minas y entrando en contacto con las raíces indigenistas de las agrupaciones kataristas que venían desarrollando su actividad sindical en ascenso, nutriendo sus filas y compartiendo sus antiguas formas de organización.

Pablo Javier Coronel

Citas y Bibliografia

[1] Véase Perry Anderson. “Neoliberalismo: un balance provisorio” en Sader Emir y Gentili Pablo (comp): La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social. Buenos Aires, CLACSO, 2003

[2] Véase Anderson, Ídem. p. 3

[3] Decreto Supremo 21060, agosto de 1985, p.1

[4] Ídem, p.1

[5] Véase Carlos M. Vilas. “La Reforma del Estado como cuestión política” en Taller. Asociación de Estudios de Cultura y Sociedad, número 4, Buenos Aires, 1997, p.95

[6] Ídem, p.95

[7] Ibídem, p.97

[8] Ibídem, p.99-100

[9] Ibídem, p.102

[10] Herbert Klein. Historia de Bolivia. La Paz, Juventud, 2002, p.274

[11] Véase Juan Luis Hernández. “Sujeto, poder y transformación social en la historia reciente de Bolivia”, en Juan Luis Hernández, Marisa Gabriela Armida y Augusto Alberto Bartolini (Coord.). Bolivia. Conflicto y cambio social (1985-2009), Buenos Aires, Newen Mapu, 2010, p.16

[12] 21.060; óp. Cit., p.1-2

[13] Véase Juan Carlos Torre. El proceso político de las reformas económicas de América Latina. Buenos Aires, Paidós, 1998, p.36

[14] Magdalena Cajías de la Vega. “El poder de la memoria: los mineros en las jornadas de octubre de 2003”, en Robins, Nicholas A. (Ed.). Conflictos políticos y movimientos sociales en Bolivia, La Paz, Plural, 2006, p.39