Un antes y un después de 1820
A partir del año 1820, en el espacio geográfico que luego sería la República Argentina comienzan a sentarse las bases de una nueva legitimidad política que cambio las reglas de juego en la toma del poder. Para analizar estas mutaciones voy a usar diferentes ejemplos como disparadores de la cuestión planteada.
La década del ´20 abrió un nuevo panorama en la concepción de la organización institucional y política en el futuro territorio nacional. Como bien expresa Chiaramonte se abre un proceso donde las denominadas “Provincias” se configuran en verdaderos estados autónomos y cada una sigue su propia regla en la organización institucional y el tipo de representación política que pretenden para sí mismas dentro del marco de la norma del autogobierno y la soberanía “provincial” dentro de su territorio. Así entonces podemos observar en diferentes casos ilustrativos, cómo evolucionan las prácticas políticas dentro de los nuevos Estados Provinciales.
El primer caso a desarrollar es el de la Provincia de Santa Fe donde los primeros diez años de vida independiente sufrieron grandes perjuicios económicos derivados de la guerra de Buenos Aires al dominio artiguista y el asedio de los indios. Esta situación de crisis derivó en el debilitamiento del viejo grupo dirigente agrupado en el tradicional Cabildo. Frente a esta situación se apoya el ascenso de un caudillo de origen militar, que toma posesión de la gobernación en 1818, Estanislao López. La sublevación con el apoyo del cabildo del Comandante General de armas de la provincia y teniente coronel de Dragones en contra del gobernador Vera lo deposita como gobernador de la Provincia de Santa Fe. Su prestigio militar crece después de varias exitosas campañas militares especialmente en contra del avance de Buenos Aires en 1819 acrecentando su prestigio y poder sobre el grupo dirigente santafecino, que se resigna al dominio político de un hombre fuerte, sólidamente asentado sobre la lealtad personal de las fuerzas militares. Así entonces los poderes del estado quedan resumidos en la figura de un líder militar carismático que sustenta su legitimidad dentro de esos parámetros.
Distinta es la situación de la Provincia de Corrientes donde el orden tradicional dio paso a una organización estatal acordada en el conjunto político destinada al aplastamiento de toda posible emergencia de un poder personal de hecho basado en la fuerza militar y en apoyo de los grupos populares. Desde el rescate de la autonomía en 1821 se sucedieron sobre bases constitucionales los gobiernos de Fernandez Blanco, Farré, Cabral, Farré, Atienza y Berón de Astrada. La vida política correntina se baso en su estabilidad y legalidad bajo la hegemonía de un grupo dirigente integrado por los principales grupos propietarios. Este grupo logro contener a los sectores populares mediante una cuidadosa legislación protectora y represiva con su correspondiente estructura policial. Aquí podemos ver como un sector encumbrado se hace cargo del poder basándose en principios de legalidades constitucionales para legitimarse.
Otro de los casos es el de La Rioja donde observamos la coexistencia del poder político personal del caudillo junto a los poderes legales provinciales. Se puede ver en el proceso de emancipación de la provincia de La Rioja como se pasa de la práctica tradicional de representación del Cabildo Abiero a la elección por medio del sufragio en 1820. Se ve también como la participación de la campaña en la vida política local es previa al ascenso del poder de los caudillos y se produce por vía legal con el objeto de legitimar en el poder de la elite local dentro de un nuevo orden político: el de la autonomía provincial. La provincia pasas a tener a partir de 1820 una nueva conformación institucional conformada por El Poder Ejecutivo y la Junta de Representantes (representante del conjunto de los pueblos). La relación entre el caudillo y la Sala es fluida y de necesidad reciproca donde unos y otros se necesitan para poder legitimarse amparándose en la voluntad de los pueblos tanto en la representación legal que ofrece la Sala para el caudillo como en la representación carismática y militar que presenta el caudillo para la Sala.
En Buenos Aires se lleva adelante un amplio proceso de cambios políticos en cuanto a la forma de representación, la elección de los representantes y los sectores de la población aptos para votar. El punto de quiebre se da en 1820 donde el espacio rioplatense asiste a una doble crisis: el enfrentamiento entre Buenos Aires y los caudillos del interior y la quiebra del tradicional espacio político colonial centrado en la ciudad-cabildo, además de la irrupción de la campaña en la vida institucional. En 1821 se inaugura un nuevo régimen representativo reestructuro el espacio político territorial institucionalizando definitivamente la participación política de la campaña a través del voto y suprimiendo los cabildos. La Ley electoral de 1821 estableció que “será directa la elección de los representantes que deben completar la Representación Extraordinaria y Constituyente” y que “Todo hombre libre, natural del país o avecindado en el, desde la edad de 20 años, y antes si fuera emancipado, será hábil para elegir. La implementación del nuevo principio de representación con sufragio activo universal y directo, lejos de ser introducido por una motivación puramente ideológica tendiente a instaurar un régimen democrático ilustra el pragmatismo con el que la elite dirigente porteña intento superar la conflictividad producto de sus divisiones internas. Al reanudarse el conflicto en 1828, dio paso a un régimen unanimista. La unanimidad rosista se instaura manteniendo, no solo la formalidad del régimen establecido en 1821, sino además la idea del sufragio como elemento indispensable para legitimarse en el poder. Lo que Rosas logra a través de las elecciones es extender al espacio urbano aquello ya instaurado en la campaña desde la fundación del nuevo régimen representativo; esto es, no solo la practica misma de la unanimidad, sino el sentido sobre que ella se asienta. El de una legitimidad de tipo tradicional, basada en la continuidad de prácticas y jerarquías propias del antiguo régimen, como lo es la práctica de la justicia a nivel local. El proceso de ruralización de la política consolidado durante su hegemonía, se institucionalizo a través de la difusión de la moderna práctica del sufragio, pero asentada sobre la base de relaciones sociales y jurídicas más cercanas al mundo tradicional del antiguo régimen que al que la elite político-intelectual de la década del veinte imagino poder imponer.
En definitiva, 1820 abrió un nuevo espacio en la organización institucional de los espacios provinciales. La antigua configuración de la ciudad-cabildo del periodo anterior deja lugar a la expansión de la vida política urbana hacia la campaña rural, nueva fuente de legitimación de los gobiernos provinciales. La regla general de las provincias es la de contar con una Sala de Representantes y un gobernador elegidos por los integrantes de la sociedad. Se pueden encontrar diferentes variaciones de este sistema representativo como observamos anteriormente, la figura política del caudillo traspasa su barrera de lo militar y conglomera las voluntades populares de los sectores rurales postergados de la antigua configuración representativa exclusivamente urbana.
Pablo Javier Coronel.
Bibliiografía Utilizada
- Chiaramonte, J.C., "El Federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX", en Carmagnani M. (comp.), Federalismos latinoamericanos: México, Brasil, Argentina, México, F.C.E., 1993.
-Ternavasio, M., "Nuevo régimen representativo y expansión de la frontera política. Las eleccionesen el Estado de Buenos Aires: 1820-1840", en Antonio A. (coord.), Historia de las elecciones en Iberoamérica, Siglo XIX, Buenos Aires, FCE, 1995.
-Cansanello, C., "De súbditos a ciudadanos. Los pobladores rurales bonaerenses entre el Antiguo Régimen y la Modernidad", en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", núm. 11, 3º Serie, 1995, pp. 113-139.
